En un escrito refrendado por varias entidades, entre las cuáles se encuentran las cámaras de comercio departamentales de San Martín, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe, algunas cámaras de la vitivinicultura y otras tales cómo como la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Federación Económica de Mendoza (FEM), Comerciales e Industriales (UCIM), Comercio (Cecitys), Fruta Industrializada (Cafim), Industriales Metalúrgicos (Asinmet), Constructores Independientes (Cecim), Farmacias, Propietarios de Camiones (Aprocam), Industriales de Alimentos (CIPA), productores audiovisuales (Film Andes), despachantes de aduana, Desarrolladores Urbanos (Cadump) y Frutos Secos.
En el escrito, si bién reconocen una influencia negativas de las políticas nacionales por la paralización de la obra pública, la ausencia de un pacto fiscal y la “inequitatividad” de la coparticipación, emitieron 9 recomendaciones para el Gobierno provincialque giran en torno al reclamo histórico por la reducción impositiva, el costo de la energía, solicitaron facilidades como el diferimiento de pagos, las postergaciones de las ejecuciones fiscales y el levantamiento de embargos e inhibiciones por al menos 180 días, la reducción de las tasas de financiación y facilitar con menor costo el acceso a financiamiento contemplado en la restructuración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, además de revisar y reducir el gasto público para disminuir la presión impositiva.
También hicieron una serie de planteos más estrictos de la gestión como la administración de los recursos para obra pública, poniendo en duda los criterios de selección de obras con los fondos del resarcimiento. En este caso, los representantes de las cámaras firmantes pidieron priorizar obras de pequeña y mediana escala con rápido impacto en el empleo, y luego revisar la priorización de proyectos de inversión reconsiderando los procesos de evaluación de ofertas.