Luego de rechazar el recurso jurídico del Gobierno quien aducía que, por falta de sentencia definitiva no estaba obligado a cumplir la sentencia, la Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario y por lo tanto realizar la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Hace muy poco días, precisamente el pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. Por eso, la resolución firmada este jueves por la Corte Suprema no tiene efectos económicos concretos porque el aumento ya estaba acordado, pero puede leerse como un aval implícito a la ley de financiamiento universitario.