Fragmento de una columna de opinión del Ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Enrique Ibáñez Rosaz, publicada en diario Los Andes en la edición de este viernes 2 de diciembre.

Frente al proyecto de ley que pretende introducir a escala nacional la denominada “tolerancia cero”, debemos preguntarnos qué grado de aplicación debe tener en la Provincia de Mendoza y si ésta se encuentra obligada a adherir y, por tanto, a adoptarla.

Se trata, nada más y nada menos que de una pregunta de orden constitucional, y su respuesta requiere hundir el análisis en las normas, principios y postulados que emergen de nuestra Constitución que han sido aplicados y conformados a lo largo del tiempo por la doctrina y la jurisprudencia constitucional.

Tal análisis nos permite sostener que la Provincia de Mendoza, al ejercer su poder de policía en materia de tránsito, no se encuentra obligada a adherir a la normativa nacional, debiendo aplicar en su ámbito territorial, y aún en rutas nacionales, su legislación propia y específica.

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