La decisión del juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, señala que no se extiende la autorización para el uso de los teléfonos celulares por parte de los presos en las cárceles mendocinas.
La resolución marca que, en un plazo no inferior de seis meses se retiren todos los equipos, aunque mantuvo algunas garantías como que se garanticen las visitas familiares con una frecuencia semanal, como mínimo.
Los internos deberán ser notificados, en un periodo de 30 días, que ya no tendrán que tener los teléfonos y que deberán ser retirados por sus familiares.
Un detalle interesante es que, los celulares se retirarán donde esté instalado un sistema de telefonía pública. De igual manera, resolvió que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.
Sarmiento también hizo lugar, de manera parcial, a un pedido de la Procuración de personas privadas de libertad para mantener la medida en los centros de detención de mujeres.