El Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación dio un paso determinante en la administración de los recursos naturales de la provincia al establecer un nuevo marco rector para enfrentar la aridez estructural y los efectos del cambio climático de manera proactiva, científica y planificada, dejando atrás el histórico modelo de parches temporales y reacciones de emergencia.
A partir de la certeza que el agua de nuestra provincia tiene una dependencia extrema de la nieve cordillerana, de la cual proviene más del 95% del agua superficial disponible, luego de décadas de sequías prolongadas, el organismo hídrico decidió transformar la seguridad hídrica en una política pública transversal, clave para garantizar el consumo humano, la producción agrícola y el equilibrio ambiental.
Para ello se ha basado en tras aspectos considerados básicos:
- Monitoreo y alerta temprana: red científica de medición hidrológica para prever escenarios de escasez antes de que afecten a los cauces.
- Evaluación de vulnerabilidad: mapeo exhaustivo del impacto potencial en la población, cultivos y sectores productivos según la cuenca.
- Medidas progresivas: acciones estructurales y de gestión diseñadas para atenuar los daños antes y durante los períodos críticos.
A partir de la aprobación del Protocolo CoTeSe, un mecanismo transparente que clasifica técnicamente los niveles de riesgo según la acumulación de nieve, el derrame previsto de los ríos y las reservas en diques, a partir de ésta premisa y ante cualquier escenario de conflicto o restricción por el recurso, el protocolo impone un orden jerárquico estricto y de cumplimiento obligatorio:
- Caudales ecológicos: preservación de los caudales mínimos para evitar el colapso ambiental.
- Consumo humano: prioridad absoluta e innegociable para la población.
- Protección de cultivos permanentes: resguardo de la matriz productiva de largo plazo.
La medida cuenta con el aval institucional del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el cuerpo de consejeros de las distintas cuencas provinciales y dispone que, en caso de que los indicadores califiquen una sequía como «severa» o «extrema», la Superintendencia deberá solicitar formalmente la Declaración de Emergencia previa a la aplicación de medidas restrictivas de gran escala.