El canje de deuda pública por acción climática es un reclamo de países periféricos como Argentina en la cumbre global del clima COP26. Se trata de proteger servicios ecosistémicos que brindan los países con alto grado de biodiversidad en favor de la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo aliviar para esa economía la carga de la deuda pública, lo cual también libera recursos para aplicar en mejorar la resiliencia climática.
La propuesta sugiere que los países diseñen una política alineada con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y el Acuerdo de París, la cual tiene que ser aprobada y evaluada por una comisión de expertos en temas ambientales. Luego, el país puede obtener reducción de deuda por parte de organismos internacionales o bien puede emitir bonos verdes que se canjeen por bonos viejos de mayor valor nominal, con lo cual se reduce la carga de la deuda.
En el caso argentino, los objetivos más grandes apuntan al freno a la deforestación del Parque Chaqueño o el control sobre los humedales del Litoral. De todos modos, cada región cuenta con servicios ambientales relevantes para la regulación hídrica y para el mantenimiento de la biodiversidad.
Los programas de reducción de deuda por conservación de la naturaleza existen desde hace décadas y contaron con la participación de países de América Latina. Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Belize y Nicaragua han realizado, mayormente en los ’80, este tipo de acciones.
Se calcula que a nivel global la deuda renegociada bajo estos acuerdos fue de un total de 2600 millones de dólares entre 1985 y 2015. Asimismo, recibieron cuestionamientos por falta de transparencia.