Diferentes especialistas consideran que el cambio de categoría de organismo descentralizado a una unidad centralizada bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), implica no solo un cambio de dependencia administrativa, sino una redefinición profunda de funciones, competencias y alcances regulatorios, que según una parte importante de la industria pone en riesgo a la industria del vino argentino.
Es válido recordar que, hasta ahora el INV tenía capacidad propia de actuación tanto en el ámbito público como en el privad, ahora será una unidad organizativa dependiente, sin personalidad jurídica propia y bajo control directo de la SAGyP. Esta modificación, lejos de ser meramente formal, impacta en la agilidad operativa, la toma de decisiones y la representación sectorial en foros nacionales e internacionales.
El gran problema pasa porque bajo la supuesta mayor flexibilidad en la fiscalización, nacen serias dudas acerca de la uniformidad y el rigor de los controles, especialmente en un sector donde la trazabilidad y la garantía de calidad son centrales para el posicionamiento internacional del vino argentino.
A partir de ahora no se exigirá certificar la “genuinidad”, sino únicamente la “aptitud para el consumo” y la ausencia de manipulación indebida. El control de origen, añada y varietal pasa a ser optativo para los productores, con lo que cabe pensar que en la práctica, todos los vinos serán iguales.