Luego de dos años de investigación, el Departamento General de Irrigación expulsó a Alejandro Currenti, inspector de cauce de Canal Vertientes Corralitos Unificada, en Guaymallén, al haber comprobado que incurrió en una serie de irregularidades en el manejo administrativo y económico de la institución.
Además, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) determinó un cargo de $27.250.854,27 contra Currenti, correspondiente a los perjuicios económicos acreditados durante el ejercicio 2024, más los intereses que correspondan hasta el efectivo pago.
A esa sanción se suman otras dos resoluciones, vinculadas con la rendición de cuentas del ejercicio 2023, que determinó otro cargo de $327.877,18 y una multa de $1.190.000 contra el exinspector.
De esta manera, entre los tres expedientes administrativos, Currenti enfrenta cargos y multas por $28.768.731,45, sin contar los intereses que deberán actualizarse hasta el momento en que se produzca el pago.
El expediente se originó en una investigación sobre distintas irregularidades detectadas en la administración de la institución, luego de que Irrigación decidiera intervenirla, por ejemplo el uso del token bancario de una persona fallecida para realizar operaciones de la Inspección de Cauce.
También también apareció el cobro de viáticos por parte de Currenti durante enero, febrero, marzo y abril de 2023, mientras la Inspección mantenía obligaciones pendientes correspondientes a aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, Currenti percibió durante esos cuatro meses $1.182.800 en viáticos sin que estuviera cumplida su obligación de cancelar los aportes y contribuciones correspondientes.
Otra de las irregularidades observada está referida a contrataciones realizadas de manera directa, sin antecedentes que acreditaran el cumplimiento del procedimiento de Concurso de Precios previsto por la normativa de la Dirección de Fiscalización. Otra observación está referida a un contrato mediante el cual la Inspección utilizaba un tractor perteneciente a Romina Paola Cagol, esposa de Currenti. El Tribunal cuestionó las condiciones del convenio y los gastos asumidos por la institución en mantenimiento, combustible, aceite, filtros, cubiertas y otros servicios relacionados con el vehículo.