Una comisión del Ministerio de Seguridad realizó una auditoría interna de unas 160 licencias de policías que llevaban años sin trabajar, varios de ellos con certificados médicos apócrifos, a quienes fueron a buscar a sus domicilios.
«Mi hermano no está. Tiene un negocio acá a la vuelta y vende milanesas», o «No está en casa, está haciendo un curso para trabajar en una empresa de caudales», fueron algunas de las respuestas que encontraron cuando intentaron dar con esos policías que según los certificados médicos estaban impedidos de trabajar por alguna afección psicológica o psiquiátrica que les impedía portar un arma y prestar servicios.
Ese rastrillaje interno reveló un círculo vicioso. Había decenas de policías que argumentaban padecer ataques de ansiedad, lo que les impedía portar el arma reglamentaria, llegaban con un certificado médico y el área de Sanidad corroboraba ese certificado lo que le garantizaba al uniformado una larga licencia psiquiátrica.
Otros buscaban una salida más efectiva aún, tras una lesión conseguían que los médicos oficiales les certificaran una «enfermedad castatrófica», que en teoría es una dolencia involuntaria que dejaría al efectivo sin chances de poder trabajar, como podría ser que se le detectara un cáncer.
Justamente por ese impedimento, la ley establece que quien padezca ese tipo de enfermedad está habilitado a cobrar el 100% de su salario, incluido los ítems que perciben los efectivos cuando están operativos y los libera de prestar servicios mientras se este tratando.
El tema es que había casos con certificados de «enfermedad catastrófica» que en verdad habían tenido un esguince de tobillo.
Después de esa auditoría, de 80 casos revisados, un 29% volvió a trabajar, un 10% pidió la baja voluntaria y se envió a la baja olbigatoria al 35%.