El Gobernador Cornejo aseguró, desde el inicio de su campaña para la puesta en marcha del Proyecto San Jorge, que los mendocinos debíamos ampliar la matriz económica para revertir años de estancamiento; y en la jornada de hoy consiguió que el Senado de Mendoza aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.
Esta primera ratificación legislativa que obtiene un emprendimiento de explotación minera metalífera desde la sanción de la Ley 7722 y promete ser un punto de inflexión para esta actividad en la provincia, sin lugar a dudas un campo propicio en los minerales cordilleranos, prioritariamente en el cobre, recurso estratégico en la transición energética.
El resultado fue contundente: 29 votos a favor (contó con el apoyo del PRO, el PD y de un sector del peronismo), 6 en contra y la abstención de Duilio Pezzutti. De esta manera, sólo resta la publicación en el Boletín Oficial para que la ex San Jorge pueda comenzar con la construcción de la mina, que podría estar operativa a finales del 2027.
Mendoza está creando el marco legal y registral para controlar la minería, pero su capacidad real es un tema de intenso debate social y político entre quienes defienden la sustentabilidad y quienes temen impactos ambientales, La provincia busca modernizar la actividad con más transparencia, regalías y controles ambientales, aprobando leyes para establecer un régimen jurídico minero; sin embargo y con bastante lógica, los ambientalistas y asambleas alertan sobre el uso de sustancias tóxicas (cianuro, xantato, etc.) y riesgos de contaminación del Río Mendoza.
A partir de ahora se supone que será creada la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incorporan además protocolos ante sismos, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.
La empresa deberá aplicar Programas de Integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria. También participará, junto al Municipio de Las Heras y actores locales, en un Plan de Desarrollo Económico que impulse la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña, y en iniciativas de formación y educación.
Cómo era de esperarse, la multitudinaria marcha que expresaba su rechazo, fué absolutamente estéril; ahora todos a volver a casa y esperar que Cornejo promulgue la ley.