A partir de la decisión del Gobierno de Alfredo Cornejo de discontinuar el financiamiento y la administración provincial del sistema de lucha antigranizo el conflicto se desató y fue creciendo con el tiempo. En principio la Provincia planteó que los municipios interesados podían continuar con la operatoria mediante un esquema de administración local, poniendo a disposición aeronaves y recursos técnicos, pero sin asumir el financiamiento integral de los gastos corrientes.

Es por ello que, durante las temporadas 2024/2025 y 2025/2026, San Rafael y General Alvear participaron en la continuidad del servicio con distintos esquemas de aportes. Sin embargo, las diferencias sobre el reparto de los costos se mantuvieron.

Un dato central de la discusión pasa por determinar la eficacia del sistema, por lo que resulta interesante mirar los números proporcionados por la Municipalidad de San rafael acerca de los resultados, los que muestran algunos datos, aunque se debe tener en cuenta que una una comparación entre temporadas no demuestra por sí sola que la reducción haya sido consecuencia exclusiva de los aviones. También deben considerarse las características de cada temporada, la intensidad de las tormentas y la distribución geográfica del fenómeno.

PeríodoHectáreas afectadas
Promedio 2005-20245.300
Temporada 2024/20252.300
Temporada 2025/20262.000

Luego de la conferencia de prensa realizada ayer en San Rafael y encabezada por el Diputado Germán Gómez quedó claro que las negociaciones entre Provincia y San Rafael quedaron interrumpidas. éste municipio rechazó firmar el convenio propuesto por el Ministerio de Producción, mientras que General Alvear mantiene su voluntad de avanzar con el sistema.

Resulta interesante recordar que el principal obstáculo es que una parte importante de la infraestructura operativa está localizada en San Rafael, lo que dificulta que General Alvear pueda implementar el servicio por su cuenta.

Lo cierto es que la temporada de tormentas ya comenzó y los aviones todavía no estaban operativos, mientras las autoridades discuten competencias y financiamiento, los productores enfrentan una temporada agrícola sin certezas sobre la disponibilidad de esta herramienta de mitigación.

Sin dudas, el desafío consiste en encontrar un mecanismo institucional que evite que las diferencias entre los gobiernos provincial y municipales terminen trasladándose al sector productivo, porque la discusión de fondo no debería limitarse a quién tiene razón en el enfrentamiento político, sino a qué sistema de protección puede sostenerse económicamente, cómo se evalúan sus resultados y quién garantiza su funcionamiento.

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