A partir de de una denuncia anónima que alertaba sobre el uso indebido de los vehículos, el Ministerio de Seguridad inició un sumario administrativo y recopiló pruebas contundentes. Se accedió a los libros de novedades de la Unidad y a los registros de geolocalización (Sitrack) de los patrulleros, lo que permitió rastrear los movimientos del comisario.
Las pruebas dejaron claro que el Jefe de la Unidad Especial de Patrullaje de Godoy Cruz utilizaba los patrulleros para fines personales. El uniformado recibió una sanción de 36 días de suspensión laboral luego de que una investigación interna confirmara que usaba los móviles para ir y volver de su domicilio, y hasta para asistir a un gimnasio.
Durante el proceso, el policía admitió haber sido trasladado, pero argumentó que había recibido autorización de su superior. Sin embargo, la Junta de Disciplina determinó que esa autorización excedía las facultades de cualquier oficial, ya que la ley solo permite el uso de patrulleros para “razones urgentes e importantes del servicio“.
La Junta concluyó que el comisario cometió una “infracción al régimen disciplinario policial“, calificando su accionar como un “incumplimiento doloso a los deberes esenciales“ de su función. La resolución final aplica la suspensión de 36 días, confirmando así la gravedad de la falta cometida. Este caso resalta el control riguroso que ejerce la Inspección General de Seguridad para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.