A partir del análisis realizado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acerca del control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas entregadas por la entidad y que deberían ser destinadas a vivienda única familiar, ya se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales.
El trabajo continúa sobre más de 170 casos en toda la provincia que, en algunos casos, se usaban para alquileres temporarios mediante plataformas en línea. Este tipo de situaciones, o directamente la falta de ocupación de las viviendas, desembocó en la desadjudicación de algunas propiedades y otras que van por el mismo camino, en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial comentó: «Es tan alta la demanda de un techo digno, máximo en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos que impiden que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazados por gente que busca hacer un negocio o una diferencia. La vivienda tiene un valor social fundamental. Ya lo menciona la Constitución Nacional cuando habla de la vivienda digna en el artículo14 bis”