La Secretaría de Agricultura de la Nación dispuso el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y a partir de ello elimina las contribuciones obligatorias. Es válido recordar que La COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) es un ente público-privado que articula a todos los eslabones de la cadena del vino en Argentina (bodegueros, viñateros, cooperativas y entidades de investigación). Su función principal era gestionar y ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) para promover la producción, la comercialización y el turismo del vino argentino a nivel global y se financiaba con aportes obligatorios que realizaban, de ésta forma se pone fin al Plan Estratégico 2020 y busca reducir costos en un sector golpeado por la crisis.
Mediante una publicación en la red social «X», el empressrio Diego Stortini dió a concoer su pensamiento en relación a éste tema.
Durante años (dos décadas), fui observador de cómo una institución creada bajo una causa noble fue perdiendo legitimidad frente a una parte importante del sector vitivinícola.
COVIAR nació con un fin claro, gestionar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI 2020), introdujo ideas, conceptos y una mirada de largo plazo que la vitivinicultura argentina necesitaba. Para muchos que empezábamos proyectos pequeños, vinculados al vino, al enoturismo y al esfuerzo propio, esa institución aparecía como un punto de apoyo en los años en que comenzábamos a recorrer este camino. COVIAR se suponía una herramienta que debía ayudar a ordenar, integrar y proyectar al sector, y también a quienes empezábamos a formar parte de él.
Pero con el paso de los años, ese punto de apoyo nunca llegó a los pequeños productores como esperábamos. Fui testigo de dirigentes y actores empresariales que defendieron esta herramienta con nobleza y convicción. Pero también fui testigo de cómo la mezquindad, la opacidad y la falta de pluralidad fueron ganando terreno. Una institución que debía representar al conjunto terminó capturada por los mismos de siempre, más preocupados por administrar una caja que por rendir cuentas y escuchar al sector que la financiaba.
El problema no fue la existencia de COVIAR. El problema fue que su financiamiento compulsivo, obligatorio para quienes elaboramos y vendemos vinos, le quitó la necesidad de convencer, escuchar, integrar y demostrar resultados al resto de los actores de la vitivinicultura, aun a quienes en los últimos años manifestamos una mirada crítica sobre la herramienta. Y cuando quienes pensamos distinto somos desplazados cada vez más lejos, la institucionalidad deja de ser plural y se transforma en pertenencia de grupo. El quiebre se profundizó al cierre del PEVI 2020, cuando los resultados logrados fueron mediocres.
Allí muchos empezamos a manifestar dudas, críticas y diferencias. Pero la discusión se contaminó con interna política, obligando a actores del sector a ubicarse de un lado u otro. Lo de siempre en Argentina: si no es blanco, es negro. Yo no quiero el fin de COVIAR. Creo en las instituciones. Llevo décadas participando y aportando de mi dinero voluntariamente en entidades empresarias, con recursos propios y sin que nadie me confisque nada. Lo hago porque creo en esas causas. Una institución sectorial no puede sostenerse con aportes obligatorios. Si genera valor real, los productores, bodegueros, exportadores y actores de la cadena la vamos a acompañar voluntariamente.
La decisión del Gobierno nacional corta por lo sano. Pero ahora empieza la discusión importante… ¿Qué institucionalidad necesita la vitivinicultura argentina para recuperar competitividad, mercados, representación, pluralidad y futuro?
No menos instituciones. Mejores instituciones.