A partir de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar gran parte de los aportes al transporte, la Provincia sale a cubrir con recursos propios la mayor parte del costo real del servicio. Según datos oficiales, sin subsidios estatales el pasaje debería costar $2.912, pero el usuario paga solo el 18% de ese valor, mientras que el 82% restante es absorbido por el Estado mendocino.
Desde el Gobierno ratificaron la continuidad del esquema de subsidios provinciales, con el objetivo es evitar un salto aún mayor en la tarifa y garantizar la prestación del servicio en toda la provincia. Ese financiamiento se canaliza a través del Fondo Compensador del Transporte, previsto en la Ley de Movilidad Provincial.
El aumento del boletompara los mendocinos se dio en dos tramos, el primero se aplicó el 10 de noviembre, cuando la tarifa pasó de $1.000 a $1.200. El segundo ajuste entrará en vigencia el 1 de enero de 2026, llevando el valor del pasaje a $1.400.
De todos modos, el aumento de enero podría no ser el último. El Ente de la Movilidad Provincial ya convocó a una audiencia pública para analizar un nuevo pedido de actualización tarifaria presentado por las empresas de transporte urbano, de media y larga distancia. Tras ese proceso, el organismo definirá si corresponde aplicar otro ajuste y en qué magnitud.
El debate también tiene un fuerte componente territorial. En el sur mendocino, legisladores impulsan proyectos para avanzar hacia una tarifa plana en toda la provincia, argumentando que hoy existen marcadas diferencias entre el Gran Mendoza y departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe, donde viajar en colectivo puede costar hasta más del doble por trayectos similares.
De todos modos, se mantiene el esquema de viajes gratuitos para los siguientes sectores:
- Docentes y celadores
- Bomberos voluntarios
- Personas mayores de 70 años
- Personas con discapacidad
- Beneficiarios de la Ley 7811