Se trata de un proyecto de Ley generado por el senador sanrafaelino Mauricio Sat, que apunta a poner fin a una de las principales zonas grises en la política habitacional: la adjudicación de viviendas a funcionarios, familiares y socios comerciales.
La misma establece que ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá acceder a una vivienda del IPV. La restricción también se extiende a familiares directos y personas vinculadas comercialmente con dichos funcionarios y la misma abarca a un amplio universo de cargos públicos, desde el gobernador y sus ministros hasta legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales y defensores.
El proyecto cobra especial relevancia tras haberse detectado irregularidades en las últimas entregas de viviendas, donde resultaron beneficiados funcionarios del Gobierno Provincial y socios comerciales de algunos de ellos, como de la vice gobernadora Hebe Casado.
La iniciativa incorpora la obligación de publicar de manera permanente y en formato digital abierto, el registro completo de adjudicatarios, información a la cual es difícil de acceder.