Si bién en mendoza existe desde el 2018 la ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, que obliga a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, entes descentralizados y empresas con participación estatal o que presten servicios públicos a brindar información sobre su funcionamiento a quien lo solicite; la diputada Griselda Petri (UCR) presentó un proyecto para sumar una herramienta de evaluación que permita medir, de manera sistemática, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el Estado mendocino.
El Índice Provincial de Transparencia Pública que se crearía con este proyecto de ley, replicaría el que gestó en la Nación el mileismo y según su autora ese índice establecería «con criterios técnicos, uniformes y verificables», el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos del sector público provincial.
Para sostener la necesidad de crear esa medición Griselda Petri argumentó que «la experiencia demuestra que la existencia de obligaciones legales no garantiza, por sí sola, su efectivo cumplimiento».