A partir de hoy, Jueves, España se ha transformado en uno de los primeros países que regula la eutanasia. La ley, que se ha aprobado definitivamente hoy en el Congreso español, entrará en vigor dentro de tres meses.
Son requisitos para solicitarla que, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. La norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha ―”administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”―, como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido ―”la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”―.
Algunos puntos de la ley señalan que el solicitante debe hacerlos por escrito dos veces en 15 días. En la solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”. Además, para asegurarse de la voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito “de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”. El afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.
La flamante ley ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que avisa de que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho.
Los partidarios de la ley tampoco creen que su trabajo haya terminado. Asun Gómez ha manifestado su temor a que las comisiones autonómicas tengan sesgos que hagan que en unos lugares sea más fácil recibir la ayuda solicitada que en otros.