Durante una entrevista radial, el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, advirtió que los costos internos y la falta de protección comercial, dejan al productor mendocino en una posición muy vulnerable.
A ésta situacipon debe sumarse que Brasil, el gran consumidor de la producción mendocina, habilitó una excepción clave para cuatro empresas chinas que quedan exentas de pagar el arancel antidumping de US$ 0,78 por kilo, así como también se elimina el gravamen del 35 % extra-Mercosur que normalmente aplica para países fuera del bloque.
En la práctica, esto fija un precio de referencia para esa mercadería en torno a US$ 16,9 por caja de 10 kilos, una cifra que, según los productores mendocinos, resulta completamente fuera del alcance para competir. De este modo, mientras el resto del mercado afronta tasas más elevadas o barreras más estrictas, estas compañías acceden con una ventaja arancelaria significativa, generando un impacto directo en los costos de producción y la competitividad de los productores locales.
Resulta interesante resaltar que la crisis del ajo no solo afecta a los productores, sino también al entramado laboral y económico de toda la zona. Leiva destacó que el sector genera miles de puestos de trabajo en el Valle de Uco, tanto en la cosecha como en el empaque y la comercialización. La caída de precios y la competencia extranjera repercuten directamente en esos empleos y en la economía regional. «Cuando se paraliza la producción, se resiente todo: el comercio, los servicios y las familias que viven de esta actividad», explicó. En ese sentido, advirtió que la situación podría agravarse si no se implementan medidas concretas para proteger la producción local en los próximos meses.
Leiva planteó que se necesitan políticas específicas para evitar que las importaciones desplacen al producto argentino del mercado interno. También propuso revisar los aranceles y fortalecer los controles en las fronteras para garantizar que el ajo importado cumpla con las normativas sanitarias vigentes, agregando «La falta de respuesta estatal, genera desánimo y pone en peligro la continuidad de numerosas familias dedicadas históricamente al cultivo».
Fuente: Mendoza Post