Ese es el nuevo objetivo del Gobierno Mendoza, por lo cuál ingresó a la Legislatura un proyecto para reformar la ley provincial de adhesión a la ley Nacional de Autopartes (25761).
El proyecto contempla, entre otras cosas, que a los policías que investigan los desarmaderos ahora se sumen los fiscales, además se busca que las autopartes sean tomadas como material peligroso, como sucede con las drogas, y habrá un lapso de 24 horas, después de una medida judicial, para destruirlas. De esta manera, no volverán a ser comercializadas y se desactivará el mercado de los desarmaderos.