Desde la entidad gremial de los trabajadores del Estado (ATE) se había anticipado el rechaza a la propuesta salarial del Gobierno realizada en el ámbito de las paritarias mantenida horas antes de que se conociera el decreto del gobernador Alfredo Cornejo sobre el aumento a los empleados judiciales.
Como parte de ese rechazo, ATE convocó a una asamblea general para el miércoles 27 en la sede central, cuando definirán el plan de lucha.
Es válido recordar que la oferta del Ejecutivo contemplaba un 10% de aumento en tres tramos (4% julio, 3% septiembre y 3% noviembre) más el pago de un incentivo por desempeño basado en una tabla que abarca diferentes puntos.
La propuesta también contemplaba un adicional que lo cobrarían quienes alcancen puntuaciones consideradas como «sobresalientes» o «suficientes», y no lo percibirían aquellos que reúnan una menor cantidad de puntos determinada como «insuficiente». Los evaluadores serían autoridades o jefes mientras que el sistema por el que se examinaría el rendimiento lo determinaría el Ministerio de Salud.
Desde el gremio recalcaron cuál es el reclamo para los empleados públicos del sector: aumento salarial para la clase inicial acorde al costo real de la canasta alimentaria, que ronda los $1.300.000; pases a planta interina del Estado de todos los contratados y prestadores, según listado presentado y anexo; creación de un incentivo enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15 (ley 9.068) con participación sindical en su reglamentación; reconocimiento de los licenciados en Enfermería (ley 7.799); y pago de la productividad a los trabajadores.