Luego de una auditoría realizada en los últimos meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio de baja a 60.000 beneficiarios de pensiones tras detectar incumplimientos e irregularidades en los requisitos que se deben cumplir.
La auditoría descubrió empleados públicos recibiendo pensiones de manera sospechosa, lo que se trata de un abuso de recursos públicos, lo que llevó a la cancelación de las pensiones para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Además, se identificaron casos de beneficiarios que poseían bienes de lujo, lo cual contradice las condiciones para recibir una pensión por invalidez.
Una de las situaciones más extrañas se registró en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, donde se identificó que 683 empleados recibían pensiones por invalidez, de las cuales el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días.
Esta situación llevó al Gobierno a tomar medidas drásticas para corregir la situación, dado que estas irregularidades dan cuenta de un mal manejo en la concesión de pensiones.