En la pasada sesión del HCD de Santa Rosa, la edil Norma Trigo expuso un grave panorama respecto a la contratación de la empresa Moyano P.E., que habría recibido adjudicaciones millonarias por parte del municipio pese a carecer de antecedentes en la construcción de obras públicas y de solvencia económica, con un detalle por demás notable: La firma estaría conformada por la esposa de un empleado municipal y, además, la misma carecía de antecedentes en obras municipales antes de recibir estas adjudicaciones, lo que despierta fuertes sospechas de incompatibilidades y conflictos de interés en la adjudicación de obras.
La situación también había sido advertida por el bloque Ahora Santarrosinos, que a través del Pedido de Informe (Expediente HCD 298-C-2025) buscaba determinar si existía algún vínculo entre la empresa adjudicataria y funcionarios del municipio. Esa duda quedó ratificada con la exposición de Trigo, de la cual surgieron puntos críticos:
Las cuatro obras cuestionadas (impermeabilización de cunetas en calle Francisco Cirot; urbanización y desagües en calle Belgrano; mantenimiento en el Cementerio de Las Catitas; y remodelación de la fachada del edificio municipal) fueron solicitadas por la Directora de Obras Públicas, la licenciada en Recursos Humanos Lorena Díaz, quien además pidió “contratación directa”.
Todas fueron adjudicadas sin licitación, bajo la modalidad de contratación directa, y en los cuatro casos se incrementaron los montos a pesar de que los pliegos lo prohibían expresamente.
Se repitió el mismo esquema: un oferente rechazado por presentar la propuesta más cara, pero con obras que finalmente terminaron costando más de lo presupuestado.
Los decretos de adjudicación fueron emitidos con números correlativos y las fechas de inicio de los trabajos coincidieron, aun tratándose de expedientes distintos.
Tres de las obras fueron adjudicadas a Moyano P.E., cuya titular sería la esposa de un empleado de Obras Públicas, bajo la órbita de la misma Directora que inició los expedientes.
Ante estas irregularidades, el caso podría ser investigado en el ámbito judicial y también en la comisión especial conformada en el Concejo Deliberante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079.