Buceando datos acerca del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) nos encontramos que, antes de la llegada de Luis Petri al Ministerio de Defensa, la institución se encontraba en una situación financiera superavitaria y estable, con aproximadamente 25.000 millones de pesos en depósitos y reservas, con un resultado positivo al ciere del ejercicio del año 2023 que incluía un incremento en el patrimonio neto de alrededor del 67.8% y un flujo de efectivo neto positivo y, en aquel momento era la tercera obra social en importancia del país (detrás de PAMI e IOMA), prestando servicios a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Algo pasó en el interín porque, luego de la gestión de los funcionarios designados por Petri —como Oscar Sagás y Roberto Fiocchi— la obra social acumuló un millonario déficit que derivó en una grave crisis de prestaciones y en su posterior disolución/reestructuración, en éste punto es válido recordar que en una de sus últimas decisiones al frente del área de Defensa, el ministro Luis Petri ordenó realizar una auditoría al Iosfa, cómo para conocer las causales por las que el organismo enfrentaba una severa crisis marcada por cortes de prestaciones a los afiliados y una deuda varias veces millonaria.
Lo cierto es que, por éstos días, lo que debía ser una cobertura sanitaria para cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y sus familias terminó envuelto en deudas millonarias, interrupciones de prestaciones, dificultades para conseguir medicamentos y reclamos de afiliados en distintos puntos del país.
Los números son difíciles de ignorar. Una resultante de la auditoría interna ordenada por el ex ministro, difundida en febrero de 2026, reveló que el endeudamiento habría pasado de aproximadamente 44.000 millones de pesos a más de 210.000 millones en poco más de un año, sin contabilizar un préstamo adicional de 40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
Sin lugar a dudas, la responsabilidad política de Petri aparece inevitablemente en el centro de la discusión. Durante su gestión fueron designadas las autoridades que condujeron el organismo y se tomaron decisiones administrativas y financieras que hoy son objeto de cuestionamientos. No alcanza con señalar problemas estructurales heredados cuando los indicadores financieros y prestacionales muestran un deterioro durante el período de administración. La información presentada por el Ministerio de Defensa ante el Congreso registró, al 31 de marzo de 2026, una deuda total de aproximadamente 248.600 millones de pesos, incluyendo reintegros, gastos prestacionales, funcionamiento y préstamos del IAF.
Luis Petri, quien pretende gobernar la provincia de Mendoza, debería saber que en la administración pública no alcanza con ocupar un ministerio, anunciar auditorías o dejar una estructura institucional en manos de otros. También hay que responder por los resultados de las decisiones tomadas y explicar qué ocurrió con los recursos de una institución que tenía una responsabilidad tan sensible como garantizar la salud de quienes sirven al Estado.
Petri dejó el Ministerio de Defensa, pero la crisis del IOSFA no se fue con él. Sus consecuencias siguen presentes en los afiliados, los trabajadores y los prestadores que esperan respuestas y, por encima de todo, hay una cuestión que no debería perderse entre expedientes, denuncias y disputas políticas: la salud de los militares y sus familias no puede convertirse en una variable de ajuste ni en el costo de los errores de administración porque, mas allá de los números hay una realidad mucho más delicada: personas que aportaron durante años a una obra social y que, cuando necesitaron atención médica, encontraron dificultades para acceder a tratamientos, medicamentos, estudios e internaciones y, en el caso de los mendocinos, dejando más de 16.000 afiliados en serios problemas porque la farmacia de IOSFA en Mendoza ya fue clausurada, lo que suspende la entrega directa de medicamentos bonificados, a lo que debe sumarse los despidos de más de una veintena de empleados administrativos y unos 15 profesionales de la salud; todo ello junto con cierre del Centro Médico Santa Rita, ubicado en la Ciudad de Mendoza, que cesará sus funciones el 30 de noviembre de 2026. Esto dejará sin atención presencial en clínica médica, pediatría, odontología, kinesiología y psicología a miles de familias.
Es bueno recordar el juramento que suelen hacer los ministros cuándo asumen, «Que Dios y la Patria me lo demanden», tal vez por éstos días y con la llegada de León XIV a nuestro país algo pase y el presidente Javier Milei junto con la Secretaria General de la Presidencia, se animem a soltarle la mano a su declarado amigó y férreo defensor.