La muerte de Leonel Ortiz, un niño de apenas 7 años, ocurrido durante una balacera en Villa Junín, Las Heras, vuelve a poner frente a nosotros una pregunta que como sociedad no podemos seguir esquivando: ¿cuánto vale una vida cuando la violencia se instala en un barrio y las armas pasan a ocupar el lugar de la ley?
Leonel no era parte del conflicto que se investiga. Era un niño que estaba en su casa. Un disparo terminó con su vida durante un ataque armado cuya motivación todavía debe ser esclarecida por la Justicia. La investigación analiza distintas hipótesis y este martes fue detenido un hombre señalado como presunto autor de los disparos.
Pero hay algo que ninguna investigación judicial podrá modificar: Leonel ya no está.
Y detrás de ese dato hay una familia destruida, una madre que deberá convivir para siempre con las últimas palabras de su hijo —“mami, me pegaron”— y una comunidad que vuelve a preguntarse hasta dónde puede avanzar la violencia antes de que alguien intervenga.
Lo más grave de este episodio no es solamente que haya habido armas. Es que las armas llegaron hasta una vivienda y dispararon sin importar quién podía encontrarse detrás de una puerta.
Cuando una disputa entre adultos se resuelve a los tiros, los primeros que quedan indefensos son justamente quienes no participan de ella: los niños, los ancianos, las familias enteras.
Por eso, reducir la muerte de Leonel a una crónica policial sería quedarse en la superficie.
Hay que preguntarse qué ocurre antes de que una persona empuñe un arma. Qué conflictos se acumularon. Qué amenazas fueron ignoradas. Qué situaciones de violencia ya eran conocidas. Qué presencia tenía el Estado en ese territorio. Y, fundamentalmente, qué mecanismos existen para evitar que una disputa termine convertida en una tragedia irreversible.