Fuentes cercanas al sector denunciaron que llevan más de 80 días sin recibir pagos por las prestaciones realizadas, lo que ya impacta directamente en el funcionamiento de los centros y en el salario de los trabajadores.
La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad se profundiza y las instituciones que prestan servicios en la provincia advierten que la situación es cada vez más crítica, porque a la falta de pagos se suma otro problema estructural: el atraso en los aranceles que fija el Estado para las prestaciones.
Las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad —como centros de día y centros educativos terapéuticos— dependen en gran parte de los pagos que llegan a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y otros programas nacionales.
A partir de éste dato, “Si venís cobrando cada 90 días y en enero no te pagan, en febrero no te pagan y en marzo tampoco, es imposible sostenerlo”, explicó el referente del sector. La cadena de pagos está interrumpida desde hace meses y la situación es muy delicada.