Enlos inicios de su mandato, el gobierno de Javier Milei logró introducir modificaciones en la legislación laboral mediante la Ley Bases, que incluyó cambios como la promoción del empleo registrado, la creación de una figura para trabajadores independientes con colaboradores y ajustes en la indemnización por despido, entre otros.
Sin embargo, uno de los problemas persistentes en la agenda laboral del gobierno es el aumento de la litigiosidad, especialmente por la aplicación de multas e intereses que las empresas consideran excesivos, junto con una creciente actualización judicial de los montos indemnizatorios que ha generado un clima de incertidumbre para las empresas.
Este fenómeno, denominado «industria del juicio», ha generado un desafío significativo para las PyMEs, que representan una gran parte del empleo privado registrado en el país, ya que más del 50% de las mismas enfrentan litigios laborales, y si el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar debido a juicios, el impacto sería devastador para el empleo, con la posible pérdida de hasta 800.000 puestos de trabajo, según estimaciones de los analistas.
El gobierno de Milei ha identificado la necesidad de reformar la legislación laboral como una de sus prioridades para el segundo tramo de su mandato, con el objetivo de reducir la carga impositiva y los costos laborales, y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, el desafío radica en equilibrar los intereses de las PyMEs y los trabajadores, así como enfrentar las resistencias dentro de la Justicia y los sindicatos, que defienden los derechos laborales adquiridos.