La Justicia Civil condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE) a indemnizar con 1.350.000 pesos a una docente a la que le negaron el apto psicofísico para poder trabajar con el argumento de sobrepeso, informaron hoy fuentes judiciales.
El fallo, en que se condenó al organismo dependiente del Estado provincial a abonar dicha suma en concepto de daños y perjuicios, fue firmado por la jueza Fabiana Martinelli del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, quien entendió que la docente estaba apta para realizar sus tareas.
La jueza indicó en el fallo que «el índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada».
Según la denuncia, la docente comenzó a trabajar en 2002 para la DGE luego del correspondiente examen preocupacional en el que fue considerada apta para el trabajo y dos años después su certificado de aptitud psicofísica fue emitido como “apto con patologías preexistentes”, en relación al sobrepeso.
A partir de allí sucedieron una serie de hechos hasta que, a principios de 2016, y frente a la necesidad de un nuevo certificado de aptitud psicofísica, salud laboral dispuso que era “no apta”, tanto para las tareas administrativas como para la tarea docente.