La provincia de Mendoza deberá pagarle más de $5 millones a la familia de un hombre de Tunuyán que murió desangrado mientras esperaba una ambulancia en su casa luego de haber sufrido un accidente.
El hecho ocurrió en mayo del 2016 y según denunció la familia de la víctima, identificada como Alexis Méndez, la inacción policial provocó la muerte, debido a que la policía tardó horas en llegar al domicilio, en tanto que luego se negó a trasladar al herido aduciendo que se debía esperar a la ambulancia.
Alexis Méndez vivía en calle Gerónimo Ortega sin número, en El Algarrobo, Tunuyán, padre de dos hijos, se dedicaba a encabar y afilar cuchillos y ese fatídico día, mientras realizaba esas tareas, se le resbaló un cuchillo y el mismo lo hirió en su pierna derecha, a la altura de la ingle.
Esto ocurrió a las 15.50 y a partir de ese momento, Méndez comenzó a perder mucha sangre. Por eso llamó a su mujer y ella, desesperada, pidió ayuda a los vecinos. Estos corrieron al Centro de Salud 197, ubicado a escasos metros de la vivienda, pero el nosocomio estaba cerrado.
Ante esto, comenzaron a llamar al 911 pidiendo la presencia de una ambulancia. A partir de ese momento, pasaron los minutos y la asistencia médica nunca llegó. Los llamados se repetían y desde el Comando Radioeléctrico respondían que la ambulancia “estaba en camino”.
Cerca de las 17.20, otro vecino llegó al lugar con su camioneta e intentó trasladar a Méndez al hospital, pero cuando estaban subiendo al herido al vehículo llegaron tres policías de la Subcomisaría Cordón del Plata, en Tunuyán. La familia del herido denunció que estos efectivos le negaron el traslado aduciendo que la camioneta estaba en camino.
Fue así que varios minutos después, y como consecuencia que Méndez ya presentaba un mal estado de salud, los policías habilitaron el traslado.
El móvil abrió camino y el hombre fue trasladado rápidamente al hospital Scaravelli. Sin embargo, llegó sin signos vitales y a los pocos minutos falleció. El acta de defunción fue firmada a las 18.10 y según los médicos la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado porque sus órganos dejaron de recibir sangre.
Una vez iniciada la demanda contra el Estado, el Gobierno provincial intentó defenderse asegurando que la muerte se había originado “por culpa de la víctima” porque los abogados del Estado aseguraron que fue la víctima quién “asumió el riesgo con su actividad”, indicaron que “se produjo un daño así mismo que le provocó la muerte” y que “trabajaba a su riesgo, debiendo conocer primeros auxilios y tener un taller habilitado”.
A pesar de esto, la jueza Natalia Paola Loschiavo descartó esta versión, como así también una posible prescripción de la causa, y aceptó la demanda.
“Advierto sin lugar a dudas que existe responsabilidad del Estado en la falta de servicio del efector público en el lugar del hecho, impidiendo al herido contar con asistencia médica inmediata”, afirmó la magistrada con respecto a la muerte del hombre.
En ese sentido, destacó que la primera llamada al 911 se realizó a las 16.03, agregó que el patrullero llegó varios minutos después al hogar –después de las 16.30- y que recién minutos antes de las 17, el herido llegó al hospital de Tunuyán.
“A las 17:21:48 el móvil reporta el fallecimiento. Considerando el tiempo que le tomó al vehículo particular trasladarse hasta el hospital, puedo tener por acreditado que desde el lugar del hecho hasta el Hospital de Tunuyán se requerían 20 minutos. Ese tiempo más los 10 minutos en los que la policía no autorizó el traslado, permiten suponer que por lo menos 30 minutos antes Mendez hubiera podido tener asistencia recibiendo el auxilio y la atención adecuada si el SEC se hubiera hecho presente”, resumió la jueza.
De esta forma, ordenó que la pareja del hombre y sus dos hijos sean indemnizados con $5.118.360, monto al que se le deberá sumar los intereses ocasionados durante toda la investigación del caso.
Fuente : Sitio Andino